Un video con susurros de sobornos sacude a la Fiscalía y expone debilidades del sistema; la pregunta es si el Poder Judicial sabrá aprovecharlo para deshilachar la madeja o si quedarán dudas que mancharán aún más la institución.
Una nueva película de intriga invade la escena pública: un video editado con precisión muestra a la madre de Pablo “El Chavo” Ferreyra entregando 12 millones de pesos en fajos a su defensor, Martín Castro, en Trelew. El supuesto destinatario del soborno, según el subtitulado, sería la fiscal Julieta Gamarra, a cambio de una pena mínima para “El Chavo”, reconocido por un prontuario.
La grabación, que vinculó también al procurador general Jorge Miquelarena y a su sobrino, el subsecretario de Seguridad Rodrigo Miquelarena, desató un estallido en los celulares y abrió una lluvia de preguntas. Gamarra, hoy al frente de la Unidad Anticorrupción, declaró en Tribunales que nunca pidió ni cobró coima; Castro reaccionó desmintiendo la versión y sostuvo que no dio ni recibió dinero para influir en la fiscal. Miquelarena afirmó no tener vínculo con el caso. Los tres quedaron a disposición del fiscal Omar Rodríguez para su investigación.
El material, grabado por la pareja de Ferreyra, plantea más interrogantes que certezas: ¿qué otros temas se discutieron en ese encuentro? ¿por qué la grabación salió a la luz 11 meses después? Ferreyra está libre desde enero; si su familia lo guardó, ¿por qué revelarlo ahora? ¿se cedió a un sector con intereses y recursos para difundirlo en medios nacionales?
Gamarra expresó que se trata de un ataque para desprestigiarla en un periodo de alta exposición pública, y Castro habló de una “operación” contra la fiscal y los Miquelarena. Según su versión, el dinero correspondía a honorarios que se pactaron en dólares y que la familia Ferreyra pagó en billetes de baja denominación; ese volumen explicaría parte del monto.
Las declaraciones, que contienen más información de la difundida, sugieren que la pesquisa podría derivar en hallazgos inesperados para la Justicia y para la política. En Tribunales sostienen que la investigación podría expandirse más allá de Trelew y de los propios funcionarios.
La clave será la declaración de la persona que aparece como pagadora, ahora sin edición, para entender el camino de las imágenes desde su grabación hasta su difusión. Si la Justicia logra esclarecer ese trayecto y difundir públicamente cuál fue el camino crítico de las imágenes, podría preservar el buen nombre de algunos y complicar a otros que se mueven en las sombras.
Se presenta, pues, una oportunidad formidosa para deshilachar una posible “opereta” en una provincia con historia de maniobras similares. Si el expediente avanza sin visos de coartadas y sin que se pierda en una madeja de vericuetos, la mancha de los 12 millones podría transformarse en una historia de transparencia, no de escándalo permanente.
La lectura para la Justicia es clara: escuchar a todos, contrastar testimonios con datos y evitar que la institucionalidad se fracture. Si no se logra, el costo será alto: la percepción de privilegios y de una justicia politizada podría endurecerse. Y aunque no haya un delito comprobado, el episodio ya escribe una advertencia: la política judicializada es una moneda que seguirá circulando mientras persista la desconfianza.
En síntesis, este episodio representa una prueba de fuego para el Poder Judicial: ¿será capaz de generar anticuerpos y devolver la confianza, o quedará marcado como otra página de una novela provincial?
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